En pocos años, lo que antes ocurría entre las paredes de un casino físico o en una agencia de apuestas se trasladó a las pantallas de millones de dispositivos. Hoy es posible apostar desde el celular, en tiempo real y con ofertas cada vez más sofisticadas.

Este crecimiento -impulsado por la digitalización y la liberalización de mercados-dinamiza economías, genera empleos y aumenta la recaudación fiscal. Pero también abre una serie de dilemas que no pueden pasarse por alto.

El problema no es el juego en sí mismo, que forma parte de la cultura y la tradición en muchos países, sino las consecuencias de un desarrollo acelerado y, en ocasiones, poco regulado. La ludopatía, la exposición de jóvenes y personas vulnerables, el lavado de activos y la publicidad engañosa son algunas de las caras menos visibles de un sector que, si bien aporta, también puede socavar la confianza en las instituciones.

La Organización Mundial de la Salud dio un paso importante en 2018 al reconocer el trastorno por juego como una condición de salud mental. Con ello, el fenómeno dejó de ser visto solo desde lo recaudatorio y pasó a ser un asunto de salud pública. Esto obliga a los Estados a diseñar políticas que no solo regulen impuestos y licencias, sino que también protejan a las personas, prevengan riesgos y ofrezcan herramientas de tratamiento a quienes lo necesiten.

El panorama regulatorio actual muestra avances, pero también limitaciones. Existen marcos legales y organismos de control, aunque en muchos casos predomina una lógica fiscal sobre la preventiva. A esto se suma la velocidad de la innovación digital, que deja en evidencia la falta de herramientas de fiscalización adecuadas. La fragmentación institucional y la escasa participación de la sociedad civil completan el diagnóstico de un sistema que todavía tiene mucho por consolidar.

De allí surgen dos ejes ineludibles: el juego responsable y la integridad institucional.  El primero apunta a regular la publicidad, promover programas de autoexclusión, establecer límites de tiempo y monto, y sobre todo, generar conciencia social para que el entretenimiento no derive en adicción. El segundo exige transparencia en el otorgamiento de licencias, controles eficaces contra el lavado de activos y mecanismos de rendición de cuentas que refuercen la legitimidad de los organismos reguladores.

Las experiencias internacionales demuestran que es posible avanzar en esa dirección. Países como Reino Unido, España, Canadá o Australia han apostado por modelos basados en la evidencia y en la cooperación entre sectores, con sistemas de monitoreo que equilibran desarrollo económico y responsabilidad social. 

Podemos analizar lo que acontece en el Reino Unido ya que se encuentra en un momento clave de su regulación del juego con la publicación del Libro Blanco del Juego de 2023 titulado High Stakes: Gambling Reform for the Digital Age. El documento surge como respuesta al desfase entre la Ley del Juego de 2005 y la realidad del mercado, dominado por plataformas digitales, apuestas deportivas online y nuevas formas de interacción que exigen controles más sofisticados. 

El centro del debate regulatorio se ha desplazado hacia la salud pública, con un énfasis creciente en las implicancias sociales del juego y la necesidad de mitigar los daños. Entre las propuestas principales se incluyen límites a las apuestas en juegos online, el rediseño de productos digitales para evitar patrones adictivos, y la implementación de herramientas tecnológicas que permitan identificar comportamientos de riesgo. También se refuerza la función del regulador, la Gambling Commission, con mayores capacidades de supervisión, investigación y sanción.

El tratamiento de la publicidad y el patrocinio es otro punto destacado. Se analiza la exposición de menores y jóvenes a la publicidad de apuestas, especialmente durante eventos deportivos. Aunque no propone una prohibición total, abre la puerta a regulaciones más estrictas y a nuevas responsabilidades para los patrocinadores. 

Diversos académicos británicos han aportado sus perspectivas sobre estas reformas. Kate Bedford (Universidad de Birmingham) subraya que las medidas reflejan una creciente preocupación por la salud pública y el juego como un problema social, aunque advierte sobre posibles implicaciones en la privacidad de los jugadores (Bedford, 2024).

Por su parte, Henrietta Bowden-Jones, directora de la National Problem Gambling Clinic, enfatiza la importancia de basar las políticas en evidencia científica y en la experiencia clínica para garantizar su efectividad en la reducción del daño.

Finalmente, Mark Griffiths (Universidad de Nottingham Trent) señala la necesidad de equilibrar la protección del jugador con la viabilidad económica de la industria, evitando que restricciones excesivas impulsen el mercado ilegal o no regulado. Pese a los avances, los desafíos persisten. Entre ellos, encontrar un equilibrio entre regulación y libertad económica, desarrollar programas de educación y concienciación pública sobre los riesgos del juego, y fomentar la colaboración internacional para establecer estándares globales en la regulación de apuestas online. 

En definitiva, el Reino Unido representa un modelo regulatorio que busca reformular el paradigma hacia la protección del jugador, integrando herramientas tecnológicas, medidas preventivas y evidencia científica ofreciendo así una referencia valiosa para la regulación del juego en la era digital. 

*Federico Rodríguez Aguiar es un analista de marketing con más de 35 años de experiencia en la industria del juego en América Latina y el Caribe. Ha ocupado cargos de alto nivel como regulador y ha sido jurado en eventos internacionales del sector. Actualmente, se desempeña como columnista independiente, analizando tendencias y regulaciones.